Ay, la Transición

Unos alegan que la Transición española (1975-1982) fue el mejor de los arreglos posibles (“proceso modélico”); otros, que se trató de una perpetuación del franquismo (“régimen del 78”). Tras la muerte de Franco había tres bandos:

Los inmovilistas o “el búnker”, que deseaban la continuidad política del franquismo, sin ningún maquillaje. Eran minoritarios.

Los rupturistas, antifranquistas, que pretendían reanudar la democracia suspendida en 1936. Su principal partido, el PCE, abandonó esa tesis tras su legalización en 1977, asumiendo el reformismo al considerar que la izquierda republicana estaba en minoría.

Los reformistas, procedentes del franquismo, que abogaban por una democracia controlada que integrase a los cargos de la dictadura y al rey nombrado sucesor por Franco. Su opción fue la ganadora.

El movimiento obrero y los antifranquistas deseaban una democracia transformadora, que incluyese libertades y derechos sociales. Lucharon y murieron por ello. Los defensores de la Transición desde la izquierda reformista alegan que fue el resultado de esa lucha popular, y que ni el rey ni Suárez trajeron la democracia, sino la presión de los agentes sociales.

El pueblo temía la repetición de la Guerra Civil. El ejército era franquista. Los dueños del capital apostaron por una democracia neoliberal como recambio del franquismo.

Esto es lo que conllevó la Transición:

Sirvió para mantener la oligarquía financiera y empresarial del franquismo.

No se condenó ni se persiguió el franquismo. Se impuso la monarquía.

El PCE aceptó la bandera franquista y la monarquía. El PSOE abjuró de todo su pasado, traicionando sus siglas.

Se institucionalizó la equidistancia entre republicanos y golpistas. Se legitimó a los herederos del franquismo.

La Ley de Amnistía de 1977 anuló los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se decretó tácitamente el olvido de la memoria histórica y las 150.000 víctimas, dejando en cunetas anónimas a miles de ellas.

Se mantuvieron los privilegios de la Iglesia católica y no se disolvió la Guardia Civil.

Se configuró un estado autonómico insuficiente para la realidad federal española, sin contemplar el derecho a la autodeterminación.

Se pactó la dependencia económica de las potencias internacionales, EE. UU. y Alemania.

Se delegó la democracia en los bancos y los medios de comunicación.

Se potenció el ocio consumista (centros comerciales) y de evasión (fútbol), desactivando la conciencia social de la mayoría. Se introdujo el relativismo moral de la posmodernidad, donde todo vale.

Sería deseable una ruptura con toda esa rémora, iniciando un proceso constituyente que eliminara el posfranquismo sociológico imperante, pero la correlación de fuerzas políticas es tan nefasta como en la Transición: PP, PSOE y Ciudadanos suman mayoría, y defienden la validez de la Ley de Amnistía de 1977 y la permanencia de Constitución de 1978. Al fin y al cabo, a casi todos los españoles les da igual.