La Justicia en España

Últimamente oigo quejarse a mucha gente sobre la Justicia en España, porque no están de acuerdo en que se dicten determinadas sentencias o se celebren juicios contra determinados personajes. La Justicia, en un país democrático, es un estamento de poder que depende de los ciudadanos, como todos los demás.

El órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial. Los miembros de este consejo son nombrados por el Congreso y el Senado. Sí, esas cámaras representativas cuyos trabajadores son elegidos por votación popular.

Por otro lado, existe la figura del Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado es propuesto por el Gobierno, que se conforma atendiendo a las mayorías votadas por el conjunto de la ciudadanía. Los fiscales tienen la misión de velar por que la Justicia se atenga a las leyes vigentes.

Las leyes vigentes son un conjunto de normas jurídicas a las que se atienen los juzgados para dictar sentencias. Estas leyes son aprobadas por el Poder Legislativo: las Cortes del Estado y las Autonomías. No hace falta recordar que esas Cortes están formadas por personas electas mediante sufragio universal.

Y en el Gobierno hay un Ministerio de Justicia, que se dedica a elaborar o reformar leyes para presentarlas a votación a los representantes de los ciudadanos.

La jerarquía y por lo tanto el funcionamiento de los tres poderes del Estado depende de la decisión mayoritaria de los españoles al depositar sus votos en las urnas. Recientemente, el Ministro de Justicia ha anunciado que los españoles vamos a tener que pagar directamente por los servicios públicos, además de aportar nuestros impuestos al fondo común que los mantenía; que las españolas van a tener más dificultades para abortar; y que se va a recuperar la cadena perpetua. Son tres ejemplos de cómo yo no quiero que se legisle. Pero es que la mayoría ha votado al partido en el poder.

Si no nos gusta cómo está organizado el cotarro, no votemos a los que lo organizan como no nos gusta. Hay un consenso, sin embargo, entre la mayor parte de los ciudadanos y quienes deciden por ellos mediante la delegación del voto. Así que todas esas quejas al respecto de Marta del Castillo, Camps, Garzón o lo que venga, se descalifican por sí mismas si quienes las formulan votan al PP, al PSOE o a cualquiera de los partidos políticos que se reparten las parcelas de poder sin cuestionar al sistema: perpetuándolo.