El cambio climático (3). Renovables sí, pero ¿así?
Datos tomados del
documental de RTVE Renovables
sí, pero ¿así? (2022), que muy
bien pueden servir de tercera parte de mis notas anteriores sobre El
cambio climático y El
colapso inevitable.
La transición a energías renovables es obligatoria. En
España se pretende que en 2030 un 42% de la energía proceda de fuentes
renovables. La urgencia para implantar alternativas energéticas como la
fotovoltaica o la eólica ha despertado conflictos. En el entorno rural, muchos
se sienten avasallados y temen perder su forma de vida.
Pequeñas empresas a la sombra de grandes eléctricas y fondos
de inversión están intentando conseguir tierras y ofreciendo mucho dinero,
aunque este es menor que lo que se obtiene de la economía circulante de la
agricultura y ganadería en esas zonas.
España tiene un 46% de espacio agrícola y un 36% de espacio
protegido. Para desarrollar la energía fotovoltaica se requiere un 0,4% del
territorio, 100 veces menos de lo que se dedica a la agricultura. Se trata de
regular la implantación de placas solares, sin eliminar cultivos prósperos y
necesarios.
En la implantación de macroparques eólicos, las solicitudes
se fraccionan en varios supuestos complejos más pequeños, para que la
tramitación sea a nivel autonómico y no a nivel nacional, acortando los plazos
y simplificando los procesos de tramitación para las promotoras.
Todo ello se opone frontalmente a los planes previos de
conservación de muchos espacios naturales. Estos se degradan sobre el terreno y
paisajísticamente, llenándose de aerogeneradores y agrediendo formas de vida
tradicionales, con su impacto visual y sonoro.
No deberíamos salvar la crisis climática sin tener en cuenta
la crisis de biodiversidad, castigando a la segunda a favor de la primera. El
25% de los proyectos de energías renovables está dentro de las zonas declaradas
como reservas de la biosfera o en sus inmediaciones. La industria eólica afecta
a millones de aves.
En las zonas periurbanas hay otros intereses urbanísticos y
por ello no se implantan ahí las placas solares y los molinos. Además, los
terrenos rurales son más baratos.
Los proyectos de macrorrenovables están siendo realizados
sin una visión de territorio. Y sin un análisis de los impactos ambientales,
sociales y económicos del conjunto. No se hace un cuestionamiento del modelo
energético y se sigue dando todo el poder a las grandes compañías eléctricas.
No se está distribuyendo de una forma democrática, justa y sostenible el modelo
energético.
La energía debería ser un bien público. Ahora las renovables
son el gran negocio de los fondos de inversión, y los ciudadanos pagan el
precio que deciden ellos. Muchos municipios están siendo financiados
directamente por empresas eléctricas.
Por otro lado, aumentan las iniciativas de autoconsumo,
tanto en instalaciones particulares como en domicilios de municipios enteros.
Ello da independencia absoluta respecto al consumo de la red eléctrica
controlada por las operadoras.
[Nota final sobre la situación en Aragón: Las consultoras
que realizan la evaluación ambiental para el Gobierno de Aragón son las mismas
que trabajan para Forestalia, adjudicataria de proyectos eólicos. Esta empresa ha
contratado a un exconsejero de Medio Ambiente y a su exdirector general, así
como a otros excargos políticos del Gobierno de Aragón. Se trata de la puesta
en práctica de la llamada “colaboración público-privada”.]
Mis artículos sobre el cambio climático:
1. Los hechos
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