La tortura política en España

La tortura es el acto de infligir dolor para dar castigo. En el caso de la tortura política, se trata del proceso sádico para obtener información. Es una costumbre arraigada en todos los Estados, sean o no nominalmente democráticos, y se aplica desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días.

Ya en tiempos de los romanos se hablaba de quaestio, es decir, “el tormento del cuerpo para obtener la verdad”. Durante la Edad Media se instituyó la ordalía o juicio de Dios, consistente en dictaminar la inocencia o culpabilidad mediante tortura. Si el damnificado sobrevivía, “Dios” lo consideraba inocente. De ahí la expresión “poner la mano en el fuego”.

En 1975 la ONU aprobó la “Declaración contra la tortura”, que la definió como “acto por el que se inflige intencionadamente un intenso dolor o sufrimiento, físico o mental, por un funcionario público a una persona, para obtener de ella una información”. En 1987 se promulgó la “Convención contra la tortura”, que han firmado la mayoría de países del mundo, incluido España, sin ningún resultado práctico.

Es evidente que bajo tortura, la víctima puede dar los datos que más convengan a los torturadores, sean reales o falsos. En todo caso, su eficacia para los fines previstos ha sido demostrada a través de la historia, puesto que se sigue practicando, con resultados satisfactorios para los poderes que lo aplican.

Los argumentos filosóficos a favor de la tortura la legitiman en aras al mantenimiento del sistema social, en circunstancias especiales “de utilidad necesaria en momentos de crisis extrema”. Sin embargo, la tortura se aplica en todo momento y en todo lugar, por mucho que la población no la tenga en su lista de prioridades, ni para bien ni para mal.

Los golpes, la rotura de huesos, los desgarros musculares, la castración, el aplastamiento, los cortes, las descargas eléctricas, la desfiguración, las quemaduras, el ahogamiento, la violación, la privación del sueño o la humillación, son algunas de las prácticas cotidianas de tortura que se vienen aplicando, de resultas de las cuales sobrevienen secuelas físicas y psicológicas.

En el caso de España, la tortura fue legal desde el siglo XIII hasta el XIX, cuando fue formalmente abolida. Desde entonces se aplica la llamada “tortura extrajudicial”, que sigue siendo la misma, pero sin sustento legal. Eso no cambia absolutamente nada. Durante la Guerra Civil de 1936-1939, ambos bandos utilizaron la tortura del adversario, significándose la facción rebelde, que la convirtió en endémica y de nuevo legal, hasta implantarla de modo sistemático en el período posterior de la dictadura franquista.

La Brigada Político Social fue la policía secreta del régimen de Franco. Su función era reprimir el antifranquismo. Estuvo asesorada por la Gestapo, y crearon una particular geografía del terror, con sus sedes de tortura en las comisarías de la Puerta del Sol de Madrid, la Vía layetana de Barcelona, la Gran Vía de Valencia o el paseo de María Agustín de Zaragoza.

Después de la instauración de la monarquía democrática en España, las torturas siguieron siendo moneda común. Las denuncias se centraron en el País Vasco, donde los detenidos por supuesta connivencia con el terrorismo se veían atormentados por las fuerzas de orden público.

Se redactaron tres informes de la ONU sobre tortura en España entre 2004 y 2009. En ellos se aseguraba que su práctica era “más que esporádica” y que las medidas de seguridad “no eran eficientes”. También se solicitaba eliminar el régimen de incomunicación y se pedía la videovigilancia de los detenidos, prácticas que no se han implementado de modo generalizado. Amnistía Internacional sigue denunciando la práctica en las comisarías españolas, con casos concretos de muerte por tortura. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta once veces a España por delitos de tortura entre 1992 y 2021.

En 2023, una red de organizaciones sociales españolas presentó el Informe Sombra, que denuncia la tortura policial, incidiendo en sus manifestaciones actuales, como el racismo y la ausencia de un mecanismo de control independiente. En el caso de las videograbaciones, éstas se borran cada 30 días. En el caso de las evaluaciones clínicas, tardan semanas, con lo que las secuelas no son detectables.

La tortura en España se sigue practicando, como en el resto del mundo. Su estatus legal es de prohibición, pero su aplicación continúa. En los últimos 20 años, se han documentado más de 6.600 casos de tortura en nuestro país, en eventos concretos en cárceles, desalojo de casas ocupadas o confinamientos de inmigrantes. La policía española posee hoy unidades de élite especializadas en torturas. Las bolsas de plástico en la cabeza, los electrodos, la bañera y otras formas de tortura tradicionales se siguen aplicando en España con los detenidos. De vez en cuando, policías nacionales, autonómicos y locales son condenados por torturar.

Queda la reflexión sobre si la tortura es una de las manifestaciones innatas del género humano, como el asesinato. Es muy posible que sea así, sumándose a otras como la poesía o el teatro. No por ello dejamos de creer que una sociedad con menos tortura y asesinato es peor que otra con más poesía y teatro.

Ver también:
En España se tortura (Diario Público)
La tortura política en Zaragoza (El Periódico de Aragón)