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Con motivo de la grave situación económica, se va a modificar la Constitución Española para que las administraciones públicas no dispongan del mecanismo social del déficit. Se va a incluir la excepción de "situación económica muy grave", porque el déficit económico es un instrumento "para estimular la economía y atender a los más necesitados", según los propios promotores de la reforma constitucional.